La informalidad se ha incorporado, en los últimos tiempos, al lenguaje corriente a la hora de analizar la economía de Tucumán. Según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), San Miguel de Tucumán es la quinta ciudad en el ranking nacional del comercio ilegal. A fines de 2013, había 1.882 puestos informales en la ciudad, con 11 “saladitas” y 375 puestos callejeros, cuando en la medición anterior, realizada en agosto del año pasado, las ferias eran siete. Esta expansión de la actividad sin registrar es directamente proporcional al crecimiento del desempleo, que afecta al 4,9% de la población activa del Gran Tucumán-Tafí Viejo, según cifras correspondientes al cierre de 2013, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pero eso no es todo. El 46,8% de los asalariados del aglomerado no fueron registrados por sus empleadores.

Los vendedores ambulantes fueron desalojados en enero, pero anunciaron que volverán en marzo, y si esa amenaza se cumple, el microcentro de la ciudad volverá a ser la cara más visible y palpable de una cruda realidad: uno de cada dos asalariados tucumanos trabaja en negro y sin ningún tipo de cobertura social, según las proyecciones oficiales.

Más allá de que el crecimiento del empleo no registrado es una tendencia nacional (alcanzó casi un 35% y afecta a 4,3 millones de asalariados en todo el país), la cifra en la provincia no deja de ser alarmante. ¿Por qué motivo un empresario se expone a ser multado o sancionado teniendo a sus empleados en negro, en lugar de declararlos ante la AFIP? ¿Por qué razón uno de cada dos tucumanos acepta ese tipo de condiciones laborales, con salarios magros, sin obra social ni aportes jubilatorios? ¿Es una situación coyuntural o se trata de una cuestión cultural? Ante esos interrogantes lo único que queda en claro es que si la informalidad laboral florece en el Jardín de la República es porque fallan los controles o no hay mecanismos eficaces para incentivar la generación de empleo genuino.

¿Quién es responsable por el crecimiento del comercio ilegal? Para responder esa pregunta, lo primero que hay que plantearse es de dónde sale la mercadería que se vende en los puestos callejeros y “saladitas”. Se sabe que, al menos en Tucumán, hay proveedores que les entregan la mercadería en consignación a los ambulantes, quienes ganan porcentajes por las ventas totales. ¿Qué hacen los organismos nacionales, provinciales y municipales que deberían controlar para evitar esta situación? Si, como afirman desde el sector empresario, se trata de artículos de contrabando, ¿cómo es posible que esa mercadería haya ingresado al país sin ser detectada por la Aduana en las fronteras? Para que exista una actividad comercial ilegal son necesarios tres elementos: el producto, los proveedores y los consumidores.

Si nadie les comprara a los ambulantes ni visitara las “saladitas” para adquirir juguetes, ropa, zapatillas y otros artículos, aún sabiendo que se trata de mercadería de dudoso origen, ¿proliferaría como lo hace hoy el comercio ilegal? Vivimos en una sociedad en la que, por unos pesos, se puede comprar desde imitaciones de lentes de sol de primerísimas marcas, hasta documentos, certificados médicos y licencias de conducir. He allí la importancia que tienen los controles y el cambio de cultura ciudadana para que la economía tucumana sea más transparente y menos informal.